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La ciudadanía sufre a diario los efectos de una criminalidad desbordada; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones de la sociedad civil los documentan y distintos medios de comunicación los exhiben, pero no pasa nada —si acaso, aumenta la irritación y la impotencia—.
No obstante su notoriedad, los hallazgos de saqueos, simulaciones y enriquecimientos ilícitos no tienen consecuencia alguna. Las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht , tienen en prisión a políticos prominentes y a algunos de sus directivos y beneficiarios en varios países, pero en México no se ha tocado a nadie; tampoco han tenido consecuencias las triquiñuelas de La Estafa Maestra ni tantas otras tranzas documentadas.
Los casos de denuncias “congeladas” son incontables: sobre-precios de escándalo en obras públicas; asignaciones de contratos sin licitar para beneficio de los amigos; el fracaso en los mayores proyectos de infraestructura: el tren rápido México-Querétaro, el Corredor transístmico, el Paso Express en Cuernavaca, el tren México-Toluca… sin embargo, el artífice mayor, el ex secretario Gerardo Ruiz Esparza, sigue tan campante.
Muchos políticos prominentes exhiben su riqueza mal habida: residencias de descanso en pueblos mágicos, colecciones de autos y relojes clásicos, viajes a lugares paradisíacos... Pero nadie los investigó. Los pocos gobernadores perseguidos al final de la administración de Peña Nieto fueron, cosa extraña, los que perdieron las elecciones. Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, César Duarte, de Chihuahua, gozaron de toda la protección del centro hasta que entregaron malas cuentas electorales, entonces sí se les acabó la suerte.
Muchos ciudadanos ya no denuncian los delitos que padecen, ¿para qué si en las fiscalías solo simulan? La tasa de impunidad es casi del 100 por ciento. Jueces y magistrados emiten sentencias aberrantes que benefician a delincuentes de cuello blanco y a integrantes del crimen organizado, y no pasa nada.
A lo largo de muchos años, hemos experimentado un comportamiento tolerante, cobarde, incluso cómplice de las autoridades hacia los delincuentes, lo que envió un mensaje perverso: se puede hacer todo, sin enfrentar castigo. Dada esta realidad, ¿por qué tendríamos que sorprendernos ante el ascenso y la brutalidad de la delincuencia?
Muchas administraciones federales, estatales y municipales toleraron o, incluso, auspiciaron, de distintas maneras, el ascenso del crimen (el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos, se ha declarado culpable de tráfico de drogas, pero su jefe y amigo, el ex gobernador Roberto Sandoval, no ha sido llamado a cuentas).
Un solo ejemplo del desorden en la esfera de la procuración de justicia: en los últimos 25 años ha habido dieciséis procuradores generales de la República que han durado, en promedio, año y medio en el cargo. ¿A quién le importa la procuración de justicia?
Pero la sociedad no está exenta de culpas. En muchas comunidades se adoptó una conducta permisiva hacia el crimen organizado y en otras (como es el caso en las zonas de “ordeña” de ductos), participan gustosas en los robos; ministros religiosos se han beneficiado de las narco-limosnas y han llegado a sugerir que esos dineros se “purifican” cuando se destinan a buenas causas.
Para abatir en serio la delincuencia es imperativo investigar, armar sólidas carpetas y obtener sentencias condenatorias. Endurecer las penas sirve de poco si no se aplican. En estos días en que la decisión de terminar con el robo de combustible, está generando duras secuelas para la ciudadanía, es imperativo acompañar la estrategia con la captura y presentación ante los jueces de delincuentes de todo tipo: funcionarios, líderes sindicales y empleados de Pemex (actuales y en retiro); jefes de las bandas huachicoleras; autoridades estatales y municipales que forman parte de las redes de protección política; empresarios de negocios “legítimos” que adquieren y expenden gasolina robada. Pero, cuidado, sería frustrante que se repitiera el caso del “michoacanazo” durante el gobierno de Felipe Calderón: que tras la detención de alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán que protegían a Los caballeros templarios, una decisión judicial inaudita dejara en libertad a todos.
En su diálogo con Norberto Bobbio, Maurizio Viroli argumenta: “[…] la intransigencia en la defensa de la justicia que un Estado democrático debe tener frente a criminales, corruptos y mafiosos, es lo opuesto a la tendencia a transigir, perdonar, amnistiar, absolver, y olvidar”. La conclusión de Viroli, es que en una república la intransigencia ante la delincuencia debe ser un principio fundamental.
La construcción de un régimen de nuevo cuño reclama que México deje de ser el país en el que no pasa nada y que los poderes públicos sean intransigentes en la aplicación de la ley. No se refunda una nación sobre la impunidad. Coincido con Viroli, ni perdón ni olvido.
